A repartir la torta, o aunque sea un poquito

EMPRESARIOS Y SINDICALISTAS, ENFRENTADOS OTRA VEZ

La participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas será tratada en el Congreso el año que viene

Hay tres proyectos presentados. Este derecho está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y no es ejercido.  

El proyecto de ley de participación laboral en el 10 por ciento de las ganancias de las empresas, que enfrenta a entidades empresariales con sindicatos, será uno de los principales temas en la agenda parlamentaria del 2011. Si la ley es sancionada, se cumplirá finalmente lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que expresa los derechos laborales. 

“Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración”. Este es uno de los derechos que prevé la Constitución Nacional desde su última reforma, en 1994, y es acatado por muy pocas compañías en el país. La iniciativa de este año propone, para cumplir ese derecho, crear un Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que regularía la aplicación de la norma. 

La ley, en caso de ser sancionada, se aplicará de forma gradual: durante el primer año alcanzará a las empresas con más de 300 empleados, en el segundo a las que cuenten con más de 100 y a partir del tercero a todas. 

Aunque el proyecto presentado en septiembre por el abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) y diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV) Héctor Recalde es el que más trascendió, hubo dos proyectos similares planteados durante este año: uno lo formuló el mendocino Juan Dante González (FPV) en abril, y el otro lo enunció el bonaerense Eduardo Macaluse (SÍ por la Unidad Popular) en junio. 

Desde el primer momento, las entidades empresariales reunidas en el denominado Grupo de los Seis (Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, Bolsa de Comercio, Cámara de la Construcción y Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino) expresaron su preocupación por la iniciativa de Recalde. Varios empresarios consideraron que la ley vulneraría el derecho de propiedad, mientras que el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, acusó al Gobierno y la CGT de querer transformar a la Argentina en Cuba. 

Si bien la postura de los empresarios con respecto a este proyecto se mantiene, en los últimos días accedieron a debatir para mejorarlo. Sin embargo, se ausentaron en las reuniones realizadas en noviembre en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados. 

Tiempo Argentino publicó el 12 de septiembre que algunos trabajadores “ya participan en las ganancias de las empresas”. “Son los casos de Firestone, Siderar y Acindar, entre otros. Surgen de negociaciones particulares, que no alcanzan a toda la rama de pertenencia pero indican un firme antecedente de que la medida es posible. Hay leyes afines en otros países”, continuó el artículo. Según la nota, en México los trabajadores reciben desde hace 50 años parte de las ganancias, mientras que en Alemania y en Estados Unidos se aplica la norma en casos particulares. 

En declaraciones a la revista Domingo, editada por alumnos de periodismo de la escuela TEA, Recalde sostuvo que se va a sancionar la ley y criticó a los empresarios, de quienes dijo que tienen prejuicios. Además, consideró que la ley beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y a los micro-emprendimientos, en tanto que generaría mayores tasas de inversión y productividad, por lo que se elevarían también las ganancias. 

María Victoria Giulietti, jefa de los Departamentos de Política Social y Legislación y Relaciones Parlamentarias de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó: “Una decisión así debería estar precedida de una negociación colectiva”. “De la forma en que se quiere instaurar la ley, es inviable. Creemos en el diálogo social y el consenso”, prosiguió. 

En el sentido que plantea Giulietti, la presidenta Cristina Fernández sorprendió el mes pasado al anunciar la conformación de un acuerdo tripartito en un Consejo para el Diálogo Económico y Social, que integrarán el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas, representados a través del Ministerio de Trabajo, la UIA y la CGT, respectivamente. 

Con la realización del acuerdo tripartito se buscará acercar las posiciones de empresarios y representantes de trabajadores en cuanto a temas de la economía nacional, como el control de la inflación o las negociaciones paritarias, que se reabrirán a principios del año que viene.